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La jueza Medina Alcántara otorgó la suspensión con el propósito de que la SEP revise la calidad del material incluido en los libros.
Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, le dio un plazo de un día a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para frenar la impresión de libros.
El 26 de mayo, la juzgadora otorgó una suspensión definitiva para que la secretaría detuviera la producción de este material.
Ayer, Medina Alcántara señaló que la entidad no ha hecho caso de la orden otorgada hace dos meses.
Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva dictada en autos”, expuso.
Por esto, agregó que la secretaría deberá presentar las pruebas de que en efecto se detuvo la impresión de los libros. “En consecuencia, con fundamento en la Ley de Amparo, requiérase a la SEP, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que dentro del término de 24 horas, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar”, ordenó.
Esta es la segunda vez que la jueza Medina Alcántara señala que la SEP no ha cumplido con la suspensión, toda vez que el 29 de junio le dio un plazo de tres días a la secretaría para que frenara la impresión de libros, cosa que no sucedió.
Estos procesos forman parte del amparo 784/2023, que fue tramitado por la Unión Nacional de Padres de Familia, al reclamar que los materiales no se adecuaron a los planes y programas de estudio vigentes, y tampoco siguieron el procedimiento previsto para su emisión.
Por esto, Medina Alcántara otorgó la suspensión con el propósito de que la SEP revise la calidad del material incluido en los libros.
(Las autoridades responsables deben verificar) que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa”, señaló la juzgadora.
Dentro de su resolución, Medina Alcántara resaltó que este freno judicial no deberá afectar la distribución de los tomos, siempre y cuando éstos hayan cumplido con las normas establecidas.
