El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado un decreto que impone un arancel del 50% sobre ciertas importaciones de productos de cobre, citando motivos de seguridad nacional. Esta medida, efectiva a partir del 1 de agosto, se aplica a productos semiacabados de cobre y derivados intensivos en cobre, excluyendo la chatarra y los insumos como minerales o concentrados. La decisión sigue una investigación bajo la Sección 232 y busca fortalecer la industria nacional del cobre, requiriendo que el 25% de la chatarra de alta calidad producida en EE. UU. se venda internamente.
Adicionalmente, Trump ha elevado los aranceles a las importaciones brasileñas también a un 50%, citando como motivo la supuesta «persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados» del gobierno brasileño contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores. La Casa Blanca acusa al gobierno de Brasil de socavar el estado de derecho y de coaccionar a empresas estadounidenses para censurar el discurso político o entregar datos de usuarios.
Esta amenaza arancelaria ya había sido anunciada por Trump el 9 de julio, argumentando que los gravámenes no eran por motivos comerciales, sino una «caza de brujas» contra Bolsonaro.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha declarado que Brasil «nunca negociará como si fuera un país pequeño contra uno grande». Lula reconoció el poder económico, militar y tecnológico de Estados Unidos, pero enfatizó que esto no amedrenta a Brasil. Argumenta que su país no puede negociar sobre asuntos de soberanía nacional y responsabilidades judiciales, instando a Estados Unidos a dialogar sobre las divergencias comerciales. Lula reiteró su respeto mutuo en las relaciones internacionales y destacó la sacralidad del estado democrático, asegurando que Brasil, con su historia de dictaduras, no cederá ante las presiones relacionadas con Bolsonaro.
