- Ante la posibilidad de ser sancionados por EU en trabajos forzados, la Secretaría de Economía minimizó afectaciones.
La Secretaría de Economía confirmó que el 85 por ciento de las mercancías que México exporta a Estados Unidos quedarían exentas de la posible aplicación de un nuevo arancel propuesto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de una investigación realizada bajo la Sección 301.
“En consultas realizadas, se aclaró que el comercio de México que cumple con reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), alrededor de 85 por ciento del volumen de nuestras exportaciones, se encuentra exento de la medida. Tampoco afectaría a aquellos bienes considerados en las órdenes 232 (autos, acero y aluminio)”, señaló la dependencia.
Sobre el 15 por ciento restante de las exportaciones mexicanas, la Secretaría de Economía indicó que sostendrá conversaciones formales con la USTR durante los próximos 45 días, incluyendo una ronda de diálogo en el marco de la revisión del T-MEC encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, donde se presentará información sobre las acciones emprendidas por México para combatir el trabajo forzoso.
La noche del martes 2 de junio, la USTR dio a conocer una investigación en la que concluyó que 60 economías no han aplicado de manera efectiva medidas para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Como resultado, la autoridad comercial estadounidense propuso un arancel adicional de 10 por ciento para las importaciones provenientes de México y otras 13 economías, entre ellas Canadá, Argentina, Reino Unido y la Unión Europea.
Para otras 46 economías, entre las que se encuentran China, Brasil, India, Corea del Sur y Japón, la propuesta contempla un arancel adicional de 12.5 por ciento.
La propuesta no entrará en vigor de manera inmediata, ya que la USTR abrió un periodo de consultas públicas y negociaciones de 45 días antes de tomar una determinación.
La propuesta no entrará en vigor de manera inmediata, ya que la USTR abrió un periodo de consultas públicas y negociaciones de 45 días antes de tomar una determinación.
