Por Carlos Sahagun
Cancún. Mientras la Fiscalía y los agentes ministeriales presumen de operativos para combatir la trata de personas y explotación sexual de mujeres mexicanas y extranjeras, detrás de esta pantalla hay una red de corrupción y extorsiones contra dueños y administradores bares en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
Víctimas de este tipo de extorsiones señalaron que lejos de un trabajo profesional de investigación por parte de las autoridades y de un combate frontal al tráfico de personas y explotación sexual, estos operativos son resultado de un plan bien elaborado de extorsiones y de una red conformada por fiscales, jueces y policías ministeriales.
De acuerdo con dos denuncias en poder de este medio, los operativos se montan con expedientes armados o fabricados por la Fiscalía Especializada en el Combate Delito de Trata de Personas y que luego con la complicidad de jueces obtienen ordenes de cateos a bares, mediante los cuales se cometen robos, abusos y atropellos tantos a los negocios como al personal.
Los afectados, sostienen que los agentes de la Fiscalía tienen una agenda bien definida para ir a catear bares y centros nocturnos de la ciudad de Cancún y la zona hotelera, así como Playa del Carmen y Tulum principalmente, con el propósito de extorsionarlos, ya que casi siempre todo queda en un pago a la mano, las bailarinas y empleados quedan libres, los negocios se reabren y no pasa nada.
Las extorsiones, afirman, van desde los 100 mil pesos hasta los 250 mil pesos por liberar a meseros, bailarinas y reabrir los negocios.
No existe una verdadera investigación, ni un expediente con el sustento suficiente para que dueños o administradores de estos bares sean vinculados a proceso y las bailarinas o empleadas extranjeras sean entregadas al Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación legal.
De risa resultan los boletines de la FGE cuando señalan qué derivado de una investigación de campo y gabinete, se documentó un expediente para obtener una orden de cateo, cuando conocen bien todos los bares y centros nocturnos del estado, sobre los cuales arman su agenda y su posterior “tour” de operativos para coaccionar a los dueños de este tipo de negocios.
- Los recientes operativos en Cancún y Playa del Carmen, son ejemplo del trabajo sucio de esta red de corrupción.
Bailarinas retenidas en los recientes operativos afirman que los agentes llegaban con abusos y amenazas, les roban dinero y algunos objetos como celulares y las amenazan con acusarlas de otros delitos, dejarlas presas, o deportarlas, sin embargo, cuando se paga, afirman, salen libres y regresan a trabajar sin ningún problema.
Las agraviadas, rechazan que sean obligadas o que sean víctimas de una red trata de personas, como presumen las autoridades, “todas trabajamos por necesidad y voluntad propia, nadie nos obliga a trabajar en estos negocios,” dijo Scarlet N, una de las víctimas.
No es un secreto qué en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, muchas extranjeras con visa de turista, entre ellas argentinas, colombianas, venezolanas, y cubanas, así como españolas, italianas, rusas, ucranianas, húngaras, noruegas, etc, recurren a este tipo de trabajo de meseras y bailarinas de bares, restaurantes y centros nocturnos para hacer dinero fácil porque no tienen papeles trabajar legalmente en México.
Muchas migrantes extranjeras, que se quedan sin dinero, buscan trabajo en este tipo de giros para ganar dinero y sobrevivir o prolongar su estadía en el Caribe Mexicano.
Playa del Carmen es el paraíso de argentinas, y no está demás, recordar el pasado mes de mayo, cuando 15 argentinas y dos mexicanas fueron “rescatadas” en un botanero de la avenida Constituyentes de Playa del Carmen, hecho que la Fiscalía presumió como un golpe a la trata de personas, cuando las chicas argentinas salieron libres y continúan viviendo y trabajando en Playa del Carmen.
Lo mismo ocurrió la semana pasada en otro centro nocturno de Playa del Carmen, donde a través de un operativo montado sobre un cateo autorizado por un juez, detuvieron a varias mujeres extranjeras, que ya están libres.
Hace dos semanas ocurrió lo mismo en un bar de la ruta 5 en Cancún, donde los agentes ministeriales de la Fiscalía clausuraron el lugar y se llevaron detenidas las empleadas y bailarinas que horas más tarde fueron liberarlas.
Estos operativos solo sirven para el circo de las autoridades en su presunto combate a la trata de personas, para entregar cifras alegres, pero que en el fondo tienen como objetivo obtener un “jugoso botín”.
Fuentes de los bares han revelado que es más cara este tipo de extorsión de los fiscales y agentes ministeriales que realizan los cateos, que el cobro de “derecho de piso» o cuotas que exige la delincuencia organizada, razón por la que muchos giros negros han cerrado sus puertas.
