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El Estado ecuatoriano tiene un año de plazo para desmantelar las instalaciones petroleras ubicadas en la Amazonia, que para la compañía resulta imposible.
Ecuador marcó este domingo un precedente a nivel mundial, al decidir mediante un plebiscito detener la explotación de petróleo de uno de sus mayores yacimientos, situado en el Parque Nacional Yasuní, al que se le considera el corazón de la Amazonía ecuatoriana y uno de los epicentros mundiales de biodiversidad.
Con más del 93 % de los votos escrutados, el 58.99 % de los ecuatorianos votó “Sí” a cesar las operaciones del Bloque 43-ITT frente al 41.01 % que votó “No” a detener la actividad del yacimiento que opera la empresa estatal Petroecuador.
El resultado constituye un rotundo triunfo de Yasunidos, el colectivo ambientalista que impulsó esta consulta nacional con el objetivo planteado por ellos de proteger el Yasuní, un área extremadamente sensible a cualquier derrame de crudo, y también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Nacional.
También es una victoria para el movimiento indígena, que se había manifestado mayoritariamente a favor del “Sí”, en especial el pueblo indígena de los waorani, la etnia más numerosa que habita el Yasuní, un área natural protegida de un millón de hectáreas de extensión.
- En el interior de esta reserva natural se han encontrado más de 2,000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces, y también es el hogar de los tagaero, taromenane y dugakaeri, pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Con este resultado se abre un período de incertidumbre para el país, que deberá prescindir de un yacimiento donde se producen a diario 55,000 barriles de petróleo, lo que equivale al 11 % de la producción nacional de crudo, uno de los grandes pilares de la economía ecuatoriana.
De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional que dio luz verde a la realización del plebiscito, el Estado tiene un año de plazo para desmantelar las instalaciones, un tiempo que, según Petroecuador, es materialmente imposible por los trabajos y protocolos que hay que aplicar para cerrar pozos y desarmar estructuras.
Según los cálculos del Gobierno, el cese de operaciones en el Bloque 43-ITT causará un perjuicio al Estado de 1,200 millones de dólares al año en ganancias por la venta del crudo, lo que en el periodo de 20 años puede ascender a 13,800 millones de dólares.
Las estimaciones del Ejecutivo también contemplan un costo de 500 millones de dólares para desmantelar unas instalaciones cuya construcción costó cerca de 2,000 millones de dólares.
Sin embargo, los colectivos ecologistas mantienen que el impacto económico será mucho menor y que la operación de un crudo pesado como el de Yasuní puede dejar de ser rentable en pocos años a medida que descienda el precio del petróleo, por lo que creen que esos ingresos podrían compensarse con un impuesto a la riqueza.
Petroecuador siempre sostuvo que, desde el inicio de operaciones en 2016, la explotación del Bloque 43-ITT se había llevado con los más altos estándares ambientales para preservar el sensible entorno ambiental en el que se encuentra.
- Entre las técnicas aplicadas estaba la perforación en racimo, de modo que desde una misma plataforma partían pozos en múltiples direcciones, en lugar de construir múltiples plataformas por cada pozo, lo que aumentaría el área de deforestación, lo que hace que las instalaciones ocupen apenas 80 hectáreas.
Hasta ahora no había reportes sobre derrames de crudo al medioambiente procedentes de las instalaciones del Bloque 43-ITT, el más reciente y productivo del Yasuní, pues dentro del Parque Nacional se produce petróleo desde los años 80 en los Bloques 16, 31 y 67, a los que no afecta esta consulta.
La jornada de votación se desarrolló en coincidencia con las elecciones generales extraordinarias.
La votación se llevó a cabo sin incidentes de importancia, salvo problemas en la plataforma informática para el voto telemático de los ecuatorianos empadronados en el extranjero que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue objeto de ciberataques de países como India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.
El cese de operaciones del Bloque 43-ITT recaerá sobre el próximo Gobierno, que saldrá elegido de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que disputarán la correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa.
