El cinismo de Aguakan

Contra la pared, la concesionaria afirma que la gobernadora está mal informada

Por Víctor Flores

Acostumbrada a negociar en lo oscurito sus concesiones y no presentar pruebas que transparenten su operatividad, documentos de los depósitos a las arcas del erario público del Estado de Quintana Roo para obtener los derechos, asignaciones y privilegios con que monopoliza el agua potable, drenaje y alcantarillado de 4 municipios de las zona norte del estado, Aguakan sale ahora a decir que es víctima de hostigamiento legal por parte del gobierno del Estado y que la gobernadora Mara Lezama ha sido mal informada.

En un comunicado, Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) mejor conocida como Aguakan afirma que ha informó a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el Gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal contra directivos y consejeros de la empresa por hechos ocurridos en 2014.

¿Qué ocurrió en el 2014?

La empresa que ahora se victimiza, negoció con el entonces gobernador Roberto Borge, la renovación de la concesión del agua potable de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y de paso obtuvo, con costales de dinero, los derechos del mismo negocio en Solidaridad.

A pesar, que la concesión del suministro de agua potable en Cancún e Isla Mujeres otorgada a Aguakan, por 30 años en 1993 por la VIII legislatura, durante el primer año de gobierno de Mario Villanueva vencía hasta el 2023, la empresa que hoy se victimiza y habla de transparencia, buscó al gobernador Roberto Borge Angulo en el 2014 para negociar anticipadamente una ampliación por 30 años más dicha concesión y que le otorgara también la de Playa del Carmen.

En el 2014, Aguakan se anticipó 9 años para refrendar su concesión e incluir a Playa del Carmen en su millonario negocio y vio en el gobierno de Roberto Borge el momento preciso para negociar.

Aguakan afirma que pagó 1050 millones de pesos por renovar 30 años más el negocio e incluir a Playa del Carmen hasta el 2053.

Evidentemente hubo irregularidades en esa negociación adelantada, al grado que hasta hoy el dinero supuestamente pagado por Aguakan no aparece en los registros de las arcas del gobierno de Quintana Roo.

La opacidad deja mal parada a Aguakan, que sufre ahora el embate legal que busca retirarle la concesión.

El tema ya está en los tribunales, porque, además en la pasada Consulta Pública del 2021, los habitantes y consumidores de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos votaron por la salida de Aguakán por su mal servicio y altas tarifas, además de ser líder la empresa en quejas ante la Profeco.

La gobernadora está mal informada

En su intento por salvar su concesión, Aguakan ya cuenta con un amparo, una suspensión provisional y ha entrado en una batalla legal.

Esta semana en un comunicado, difunde que enfrenta una demanda que se relaciona con la modificación de la citada concesión.

En el documento, afirma que la gobernadora María Elena Lezama Espinosa “ha sido mal informada” en relación con los hechos objeto de la demanda.

Aguakan sostiene que el acuerdo, que extendió la concesión hasta 2053 e incluyó a Solidaridad, se realizó de manera legal y con la aprobación de CAPA, cabildos municipales y el Congreso estatal.

La empresa expresa en su comunicado, su disposición a dialogar con la administración actual, como lo hizo en el gobierno de Carlos Joaquín González y donde no paso nada.

Claudia Sheimbaum enterada de todo

Ayer mismo la gobernadora Mara Lezama respondió a cuestionamientos sobre el tema, confirmo que existe una denuncia penal contra la concesionaria, aunque dijo que no poder hablar mucho al respecto para no entorpecer el proceso que se sigue en los tribunales, señaló que se ha hecho eco de los resultados de la consulta popular donde la población expresó su descontento con el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que da la empresa.

“Todas las decisiones que tomemos serán en beneficio de la ciudadanía y estarán respaldadas por estudios minuciosos”, dijo la gobernadora.

Es pertinente abundar que la actuación del gobierno del estado encabezado por Mara Lezama, no es una persecución, ni hostigamiento como afirma la empresa, y tampoco es una acción aislada, es parte del Plan Hídrico Nacional 2024-2030, de la presidenta Claudia Sheinbaum que consiste en ordenar las concesiones de agua a particulares.

En dicho Plan, se considera, crear un Registro Nacional de Agua para el Bienestar, un programa para ordenar el uso y aprovechamiento del agua y ordenar las concesiones.