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Un juez federal lo vinculó a un segundo proceso por contratos ilegales que suman más de 97 millones de pesos.
Por Víctor Flores
José Luis Pech Galera hijo del senador y ex candidato al gobernador de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, utilizó la Universidad Politécnica de Quintana Roo para lavar dinero a través de contratos ilegales, según se desprende de la investigación mediante la cual un juez lo vinculó a un segundo proceso dentro de la llamada “Estafa Maestra”.
Pech Galera fue vinculado a proceso en febrero de 2022 por haber hecho contrataciones ilegales por 20 millones de pesos en el 2015 en la “Estafa Maestra”, y nuevamente la semana pasada el juez de control Luis Benítez Alcántara del Reclusorio Sur, lo vinculó a un segundo proceso por un pago ilegal de la Sedatu por 77 millones 157 mil de pesos, según un convenio suscrito en febrero de 2016.
- En el 2015, Pech Galera, firmó un convenio entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu, que era dirigida por Rosario Robles, mediante el cual recibió 20 millones de pesos de dicha dependencia.
La investigación reveló que la Universidad destinó 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Península, cuando José Luis Pech Galera era rector y apoderado legal de dicha institución educativa y único facultado para manejar el dinero de esa cuenta bancaria.
Asimismo se desveló que el hoy vinculado a proceso compró tres camionetas modelo Mazda CX3 y otra modelo CX9 por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos, y que el resto del dinero lo transfirió a otras empresas.
De ese primer contrato de 20 millones de pesos, fueron un total de 8 empresas a las que transfirió dicho dinero, de las cuales cinco no fueron localizadas en los domicilios, por lo que la Fiscalía General de la República cree que se trataba de empresas factureras.
Esos mismos recursos, según la investigación, fueron movidos rápidamente a otras cuentas, donde ya no se pudo rastrear el destino final de los recursos vinculados a la Estafa Maestra.
Ahora el ex rector de la UPQROO, deberá aclarar el destino de los otros 77 millones de pesos que cobró de parte de la Sedatu, mientras tanto seguirá sujeto a proceso y no puede abandonar el país.