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Integrantes de la iniciativa privada advirtieron un impacto anual de 360 mil millones de pesos hacia las empresas.
La Cámara de Diputados inició el parlamento abierto sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
En el encuentro, representantes del sector privado advirtieron que dicha reforma tendría un impacto de 360 mil millones de pesos al año para las empresas, sin embargo, los legisladores de diversos grupos parlamentarios, con excepción del Partido Acción Nacional (PAN), se declararon a favor, como un acto de justicia social.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió a los diputados a “no politizar ni usar con fines electorales la propuesta de reforma al artículo 123, que plantea reducir jornada laboral en México”.
Sostuvo que la aprobación de la iniciativa requeriría la contratación de 2.6 millones de trabajadores con jornadas reducidas y un impacto anual de 360 mil millones de pesos para las empresas”.
En representación de la Coparmex, Ricardo Barbosa, sostuvo que, tal como está planteada la reforma, “no es momento de aprobarla” pues sólo generaría una mayor informalidad y una menor recaudación de IST y cuotas de seguridad social.
“El aumento en la nómina es de 35 a 40 por ciento, lo cual no hay ningún empleador ni ninguna empresa en el país que pueda absorber ese costo sin que se vea reflejado en un aumento en el costo de los productos, menos recaudación de renta, menos costo de seguro social, más aumento en los precios y un tema inflacionario”, puntualizó.
En su turno, la diputada Susana Prieto, de Morena, desestimó los argumentos del sector empresarial y dijo que el aumento de los costos generaría una mayor productividad.
“Esta iniciativa no tiene otro objetivo que la justicia social. Se lo debemos a los trabajadores y las trabajadoras de México. Lo único que podría tener razón la clase empresarial es que se van a elevar un poco sus costos, pero la justicia social va a tener mejores resultados en productividad para ellos”, indicó.
No obstante, en representación del PAN, la legisladora Noemí Luna, señaló que su partido escuchará a los participantes en el parlamento abierto antes de definir una posición, pero reconoció los riesgos de la reforma.
“De prosperar, traería grandes consecuencias, porque hay que recordar que 64 por ciento de las personas trabajadoras asalariadas en la formalidad trabajan más de 40 horas a la semana y su esquema laboral sería impactado por esta reforma; por ello, es importante escuchar todas las voces y con base en ello tener una propuesta definida que considere los argumentos tanto a favor como en contra”, indicó.
Por el PRI, el diputado Tereso Medina instó a encontrar acuerdos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en beneficio de más de 21 millones de trabajadores.
“El PRI hace votos para que logremos ligar o relacionar empleo, salarios, salud y bienestar de los trabajadores y sus familias, sin interrumpir el crecimiento y desarrollo económico de México ni darle la espalda a la pequeña y mediana empresa, pues en ella está el 80 por ciento de los empleos del país”, dijo.
La oficial mayor de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Leslie Berenice Baeza, expresó el respaldo de dicha central a la reforma y remarcó que, a más de 100 años del reconocimiento de la jornada máxima, es válido hacer este análisis y tomar medidas progresivas que ayuden a las y a los trabajadores.
Ello, agregó, considerando las problemáticas de traslado, jornadas extras, rezago educativo, perspectiva de género y reconocimiento de las y los jóvenes.
