Por Víctor Flores
Lo de Xcaret no es justicia.
Es poder.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Grupo Xcaret, sus parques y promoción, bajo el argumento de que “lucra” con símbolos mayas, no solo es tardía… es sospechosa.
Treinta años tarde.
Porque durante más de tres décadas, Xcaret fue ejemplo nacional e internacional de promoción cultural. Nadie —absolutamente nadie— levantó la voz. Ni los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
Al contrario: respaldaron el modelo.
Entonces, a pregunta es inevitable:
- ¿Por qué ahora sí?
- ¿Por qué justo ahora?
La respuesta tiene nombre y apellido:
Andrés Manuel López Obrador.
Una guerra que no empezó ayer
Esto no es nuevo. Es una historia que viene desde Tabasco, desde los años 90, desde aquella elección en la que López Obrador perdió frente a Roberto Madrazo la gubernatura de Tabasco.
En esa ocasión Roberto Madrazo Pintado, recibió apoyo a su campaña de sus primos Carlos y Marcos Constandse Madrazo, socios y fundadores de Xcaret junto al arquitecto Miguel Quintana Pali, tiempos en los que fundaban en la Riviera Maya el parque Xcaret (1991).
Y desde entonces, esa herida —política o personal— nunca cerró.
Cuando López Obrador llegó a la Presidencia, no gobernó en este tema… ajustó cuentas.
Porque lo que vino después no fue coincidencia:
- Permisos negados
- Proyectos frenados
- Clausuras ambientales de sus parques
- Presión sistemática desde dependencias federales.
Profepa y Semarnat dejaron de ser instituciones, para convertirse en instrumentos de poder y en sus brazos ejecutores contra todo lo que moviera el Grupo Xcaret.
Desde entonces “El peje”, como se le conoce a López Obrador en Tabasco, decidió cobrar cuentas viajes.
Durante su gobierno, AMLO envió toda la artillería del gobierno federal sobre los parques y proyectos de grupo Xcaret. Le clausuraron obras y parques, frenaron su desarrollo millonarios y generadores de empleo hacia la península, como el caso Xibalbá en Valladolid por citar solo uno.
AMLO también atacó desde su gobierno a Calica (Vulcans Material), ubicado a un costado de los parques Xcaret y Xplor, para terminar con la concesión de esta empresa extractora de material pétreo, bajo la excusa de abusos y violaciones a la ley ambiental, pero había otro trasfondo y muy perverso.
López Obrador, quería apoderarse de ese territorio, para concesionar o construir en esa amplia superficie en un parque acuático y un “Home Port”, un puerto de salida de cruceros turísticos desde México al mundo y dar un golpe certero y demoledor a grupos Xcaret.
Quienes hemos escrito la historia de Cancún y de Quintana Roo, lo sabemos, Quintana Pali y los hermanos Constandse han intentado desde el año 2000 construir sin éxito un Home Port en Xcaret.
El golpe estratégico: el Tren Maya.
El caso más evidente de su venganza contra los hermanos Constandse Madrazo fue el cambio del trazo del Tren Maya.
El proyecto original corría por el derecho de vía de la carretera federal 307. De Cancún a Chetumal.
Eso beneficiaba directamente a los parqués de Xcaret, entre ellos Xplor, Xelha, Xoximilco, Xenotes, etc.
El presidente decidió cambiar el trazo original y lo metió cinco kilómetros selva adentro, lo que representó pérdidas millonarias al gobierno federal porque la obra la ya se había iniciado en el trazo original.
- ¿Qué pasó?
Se metió a la selva, se encareció y se complicó.
- ¿Resultado?
Estaciones alejadas, taxis abusivos, baja afluencia.
Un proyecto que hoy batalla para justificarse.
Pero eso sí: Xcaret quedó fuera del beneficio.
El doble discurso
Aquí es donde el discurso se rompe.
Porque si de verdad se trata de defender la cultura, entonces que alguien explique:
- ¿Por qué no hay demanda contra TV Azteca?
- ¿Contra el Estadio Azteca?
- ¿Contra productos, marcas y empresas que usan lo “Azteca”, lo “Olmeca”, lo “Tolteca”?
¿Ahí no hay lucro?
¿Ahí no hay explotación cultural?
No.
Ahí no hay problema.
El problema tiene nombre: Xcaret.
La Corte… y la sombra del poder
La resolución impulsada desde la Corte, con el ministro de origen mixteco, Hugo Aguilar Ortiz al frente, deja una pregunta incómoda:
¿Estamos ante una defensa legítima del patrimonio…
o ante la ejecución institucional de una vendetta política?
Porque cuando la ley se aplica de forma selectiva,
deja de ser ley… y se convierte en instrumento.
Lo que está en juego
Aquí no solo está Xcaret.
Aquí está en juego:
- La certeza jurídica
- La inversión
- La confianza en el Estado
Porque si un proyecto de talla internacional puede ser atacado después de 30 años…nadie está a salvo.
Esto no es justicia cultural.
Es un mensaje.
- Y el mensaje es claro: En México, el poder no olvida…
y cuando cobra, no avisa.
Cuando la justicia llega 30 años tarde… no es justicia. Es ajuste de cuentas.
FACTA NON VERBA
Espero sus comentarios, opiniones y sugerencias. Nos leemos en la próxima entrega
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